El Senado sancionó este jueves la ley que regula el traspaso de la policía federal a la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto fijo 24.500 millones de pesos, tres veces menos que el actual, y la posibilidad de mejorarlo en una negociación que durará 60 días, una instancia creada por los diputados cordobeses y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta consideró un remedio peor que la enfermedad.

Es que el mediador será la Comisión Federal de Impuestos, conformada por representantes de las provincias que respaldaron la ley cuando se debatió por primera vez en el Senado. "Es como si juega Argentina y Brasil con un árbitro brasilero", protestó Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO y de la Ciudad.

"Esto significa una quita de 65 mil millones a la Ciudad. Ya se recortaron 12 mil más a lo que se viene recortando por decreto, 150 millones diarios. Esto significa el 88% de los sueldos de la policía de la ciudad para el año que viene, una competencia cedida en el marco de la autonomía", completó Tagliaferri. 

Aprobaron la quita de fondos a la Ciudad con ayuda de Schiaretti

El descuento surge porque el proyecto elimina el aumento de coparticipación federal dispuesto por Mauricio Macri mediante un decreto en 2016, que elevó el porcentaje de 1.4 a 3.75% del total, para luego bajarlo a 3.5%. La excusa fue financiar el traspaso de la policía federal, pero nunca se envió un proyecto de ley al Congreso, como indica la Constitución.

Alberto descontó un punto de esa copa en septiembre mediante otro decreto, pero cuando Larreta fue a la Corte envió una ley que propone retornarla al 1.4 y definir un presupuesto para la federal. Lo calcularon en 24.500 millones y se establece una actualización mediante un índice que combina el 80% de variación salarial y un 20% del aumento de precios, medidos por la Ciudad.

Guadalupe Tagliaferri

Fotografía HCSN

 Con los cambios de Diputados, ese presupuesto se calcula con el mismo presupuesto en proporción a 60 días pero si Larreta no llega a un acuerdo puede ser igual o peor, porque el ministro del Interior Eduardo De Pedro anticipó que puede derivar en una revisión de los fondos recibidos por la Ciudad que excedían el presupuesto de la Ciudad. 

La ley fue aprobada con 40 votos y 25 en contra y se desconectaron de la votación los jujeños de la UCR Silvia Giacoppo y Mario Fiad, otro gesto del gobernador Gerardo Morales a la Casa Rosada.

La santafesina María de los Ángeles Sacnun había iniciado el debate acusando a Macri de banalizar  el término de federalismo. "El aumento de la coparticipación no tuvo en cuenta el principio de razonabilidad que debe fundar a todos los actos de gobierno y en detrimento de las provincias argentinas", sostuvo. 

La respaldó el neuquino Oscar Parrilli. "Este fue un decreto que hace un uso abusivo del poder de Macri, que hizo una sola obra pública importante en cuatro años: el viaducto para los camiones que van al puerto. La ciudad recauda 10 veces más que Formosa y más que Buenos Aires porque el interior viene a comercializar. Estamos hablando de ir sacando privilegios que ofenden a los argentinos y de abusos autoritarios de poder que ejerció el anterior presidente". 

La bonaerense Gladys González, del PRO, sostuvo que la baja de coparticipación afecta a los ciudadanos de su provincia que consumen el 60% del sistema de salud porteño y el 30% del cupo escolar. "Esta ley es en contra de una gestión eficaz y eficiente que transformó la Ciudad".

 "Esta ley no le saca recursos a la CABA, plantearlo así es una manera de eludir la cuestión esencial que es el traspaso de parte de la PFA y los recursos que corresponden. Estamos corrigiendo un traspaso en exceso que tuvo motivación política", se defendió Jorge Taiana, del Frente de Todos.

 "Los expertos dijeron que no se puede hacer de esta manera el traspaso porque se requiere de una ley marco y que esto retrotraía la situación a una circunstancia de pre Constitución. Vamos a seguir teniendo una autonomía diezmada", le contestó Martín Lousteau y le respondió el también porteño Mariano Recalde,  del Frente de Todos.

"Este proyecto no es una quita de coparticipación, lo que estamos haciendo acá es corregir, perfeccionar un convenio marco entre Nación y CABA para la transferencia de funciones, hablamos de la aplicación artículo 75, inciso 2, párrafo quinto de la Constitución", señaló.